La iniciativa que fue redactada por el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, tiene como objetivo agilizar y transparentar la resolución de controversias.
El Fiscal de Estado de la provincia del Chubut, Andrés Giacomone, presentará un proyecto para crear una comisión interpoderes que buscará agilizar la resolución de controversias patrimoniales que involucran al Estado. La iniciativa, que será enviada a Legislatura, se realiza por indicación del gobernador, Mariano Arcioni.
La Comisión de Transacciones Judiciales estará integrada por diferentes actores, entre ellos la oposición, para darle de ese modo mayor legitimidad a los acuerdos que alcance la Provincia ante las demandas que reciba o que entable. De este modo, se garantizará mayor transparencia en el proceso y se evitarán especulaciones ante, por ejemplo, un acuerdo extrajudicial previo a una sentencia.
“Con la creación de la Comisión se persigue agilizar la resolución de controversias patrimoniales que involucran al Estado provincial, como el cumplimiento de importantes sentencias condenatorias”, dijo Giacomone.
Será un ámbito que reúna a representantes de los distintos poderes encargados de la gestión del gasto público; el Fiscal de Estado someterá ante la Comisión a aquellas “transacciones judiciales o extrajudiciales que estimare convenientes para los intereses del fisco, no pudiendo comprometer a su representada, sin la expresa conformidad de la Comisión”, se lee en el proyecto presentado.
INTEGRANTES Y FUNCIONES
La Comisión de Transacciones Judiciales estará integrada por el Fiscal de Estado o su reemplazante legal, quien actuará como presidente. También por el ministro de Economía y Crédito Público o quien este designe; por un asesor general de Gobierno; un representante del organismo o jurisdicción que haya dado lugar al planteamiento del litigio cuya propuesta transaccional deba tratarse; tres legisladores provinciales (uno en representación del bloque mayoritario y dos en representación de la minoría).
Respecto de las funciones de la comisión, se incluye: la consideración de toda propuesta de transacción de litigios promovida por la Fiscalía de Estado, otros organismos o la parte contraria; el tratamiento previo de las propuestas de transacción y emitir dictamen.
A los efectos de emitir dictamen “deberá evaluar las probabilidades de obtener un resultado favorable en el juicio de que se trate, las posibilidades y/o disponibilidades económicas de la hacienda pública, las consecuencias que sobre dicha hacienda provocaría la transacción propuesta y los que potencialmente se generarían en caso de seguir la causa adelante”.
En los casos en los que por la complejidad del asunto a tratar resulte conveniente, también podrá requerir, a través de su presidente, la intervención de profesionales o técnicos pertenecientes o no a organismos del Estado. Una vez producidos, los dictámenes serán clasificados y registrados para que sirvan como antecedentes para casos posteriores.
El proyecto también detalla que, hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial respecto de la propuesta de transacción, tanto el dictamen como los informes o antecedentes recabados por la Comisión de Transacciones serán reservados.