Organizado por Fiscalía de Estado y la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado, la propuesta reunió a integrantes de las áreas legales, de administración y contable de 26 organismos del Ejecutivo provincial.

Después de cinco meses de desarrollo terminó la semana última “Criterios comunes”, una iniciativa que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de quienes intervienen en un proceso clave para el funcionamiento del Estado como son las contrataciones públicas.

El taller, que estuvo a cargo de Diego García Ferré, Magalí Yangüela y María Emilia Abal, de Fiscalía de Estado, y de María Fernanda Castro y Yamila Godoy, de Contaduría General, fue concebido como un espacio de formación continua y de intercambio.

A diferencia de los formatos tradicionales de capacitación, “Criterios comunes” se desarrolló bajo una modalidad de taller, con grupos de trabajo reducidos y análisis de situaciones vinculadas con la práctica cotidiana. De este modo, los contenidos se abordaron a partir de las dudas, experiencias y desafíos que enfrentan los equipos en sus propios organismos, favoreciendo que lo revisado pueda trasladarse directamente al trabajo.

“La respuesta de los equipos fue muy positiva y agradecemos el interés demostrado. Creímos que era fundamental que todas las áreas que intervienen en idénticos procedimientos transiten el mismo camino, con pautas comunes, para evitar errores que los hagan naufragar y, por consiguiente, hacer caer licitaciones por dictámenes negativos. Hay que recordar siempre que detrás de cada proceso está el interés público”, dijo el Fiscal de Estado, Andrés Meiszner.

Debate de casos

La propuesta contó con la participación de 159 agentes provenientes de 26 organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial, además de integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de la Secretaría Electoral Permanente del Chubut. La diversidad de áreas representadas enriqueció el intercambio a partir de experiencias y realidades diversas.

Participaron los ministerios de Desarrollo Humano, Economía, Gobierno, Seguridad, Producción, Turismo y Educación. También, las secretarías de Infraestructura, Ciencia, Trabajo, Bosques, Pesca, Ambiente y Salud. El Instituto de Seguridad Social y Seguros, el Provincial del Agua, el de Asistencia Social y el de la Vivienda. La Jefatura de Policía, el Ente Regulador de los Servicios Públicos, Chubut Deportes, la Subsecretaría de Cultura y la de Autotransporte. La Contaduría General, Asesoría General de Gobierno y la Secretaría General, fueron asimismo parte de esta acción.

Las encuestas de opinión reflejaron una valoración muy positiva por parte de quienes participaron, tanto respecto de los contenidos como de la modalidad de trabajo y su utilidad para las tareas que desarrollan a diario.

En opinión de Verónica García, directora general de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Humano, la modalidad taller “fue sumamente valiosa, dado que logró un clima de debate de casos y situaciones concretas, visualizando errores comunes, dudas legales y procedimiento”.

Además, sostuvo que “haber compartido el espacio con las áreas que posteriormente intervienen en el control tiene un valor adicional, permite comprender no solo qué se controla, sino por qué se controla y cuáles son las consecuencias de una deficiente preparación del expediente. Esa mirada integral favorece a fomentar una cultura administrativa orientada a la prevención y no únicamente a la espera de la corrección posterior”.

Afianzar la tarea

Para Leonel García Moreno, director del área legal de la Secretaría de Salud, el taller ayudó a tener una mirada más uniforme al momento de encuadrar y fundamentar los expedientes de contrataciones.

“Creo que este tipo de espacios ayuda a afianzar el trabajo entre legales y administración, porque permite conocer los puntos de vista y los problemas que cada área enfrenta en la práctica diaria. Considero valioso que se pueda repetir en el futuro con cierta periodicidad, para seguir consolidando ese trabajo en común entre los distintos organismos”, indicó.

Esta devolución permitió valorar el impacto de la propuesta y constituye, a su vez, un insumo para continuar fortaleciendo la política de capacitación de la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado, con propuestas vinculadas a las necesidades concretas de quienes integran la Administración.