La actividad organizada por la Oficina Anticorrupción, con la colaboración de la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado, fue presidida por el Gobernador, Ignacio Torres. Las autoridades del organismo participaron en paneles en los que se abordó la necesidad de robustecer la transparencia y la eficiencia en los procesos administrativos de los organismos públicos.
Con la presencia del Gobernador, Ignacio Torres, se realizó ayer, viernes 28, la II Jornada Transparencia, Control y Modernización del Estado que fue organizada por la Oficina Anticorrupción (OA) con colaboración de la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado (EAAE), la Legislatura provincial y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).
El Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, acompañó al jefe del Ejecutivo en el panel de apertura, en el que también participaron el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Rawson, Damián Biss; el titular de la OA, Diego Carmona, el Procurador General, Jorge Miquelarena y el Defensor General, Sebastián Daroca.
“Quiero antes que nada, celebrar este encuentro ya que no es común que podamos contar con la presencia del gobernador, del vicegobernador, organismos de contralor, diputados, ministros, procurador, defensor general, sindicatos y un auditorio general para discutir dos temas tan importantes como transparencia y contrataciones”, dijo Giacomone y subrayó la calidad de los expositores invitados.
La actividad se desarrolló bajo bloques temáticos y además de acercar la mirada de profesionales con trayectoria en organismos nacionales e internacionales, reunió a funcionarios de la provincia que dieron cuenta de las acciones sobre las que se trabaja para la modernización del Estado. En tal sentido, el Gobernador sostuvo que la provincia avanza con la elaboración de un nuevo marco normativo para agilizar procesos y digitalizar expedientes y adelantó que “en este segundo semestre nos proponemos contar con una ventanilla única”.
La transparencia de los actos públicos
Luego, durante el panel denominado División de poderes, que integraron Menna, Giacomone, Carmona y el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, se habló sobre la importancia de que los organismos de contralor acompañen de manera coordinada al Estado con asesorías y se subrayó la necesidad de continuar con las capacitaciones para el personal, como viene haciendo, por ejemplo, la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado desde su creación, en alianza con otras instituciones.
“Cuando hablamos de transparencia, hablamos de un pilar de la República como es la publicidad de los actos de gobierno y de la cosa pública. Por eso, en Fiscalía de Estado todos los dictámenes que emitimos los tenemos publicados en la página web para que la ciudadanía interesada pueda verificar y constatar en cada uno de esos documentos cuál es la opinión de este organismo”, dijo Giacomone.
Pero no se quedó ahí en cuanto a lo vital que resulta la transparencia para el fortalecimiento del Estado. “Si nos enfocamos de manera puntual en el tema de las contrataciones, que es lo que nos reúne en este encuentro, considero que tenemos que verificar cómo se da esta transparencia en cada uno de los procedimientos de las contrataciones y cuál es nuestro rol como ejecutores del sistema”, indicó.
“La transparencia va en cada uno de las etapas, no solo al momento de la adjudicación de una obra o de la contratación; la transparencia también se da en cuál es el procedimiento que se lleva adelante para llegar a esa contratación; va en cómo se confecciona un pliego; en por qué hago una contratación directa o una licitación; la transparencia también está en cómo hago para elegir el mejor procedimiento ante cada situación que el Estado tiene que ejecutar porque si termino generando situaciones de irregularidades en el procedimiento, ya sea por dolo o por falta de conocimiento de cómo lo tengo que hacer, no termina siendo transparente”, explicó.
Por eso, sostuvo, a partir de lo observado en la rutina de Fiscalía de Estado, que interviene para dar el último visto jurídico a los procedimientos de licitaciones que realizan los organismos, se consideró necesario crear la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado, para acompañar con propuestas de capacitación a las áreas legales.
“Lo que notamos es esto que venimos citando en el panel: ciertas irregularidades ocurren por desconocimientos de los operadores del sistema, en principio abogados de las reparticiones pero también de los auxiliares y por eso creemos esencial el dictado y la participación en capacitaciones que contribuyen a mejorar todo lo que tiene que ver con los errores en un procedimiento administrativo que muchas veces terminan en algún ilícito”, dijo Giacomone.
Organismo de control
Por la tarde, en tanto, el Fiscal de Estado Adjunto, Lucas Papini, fue el encargado de hablar sobre la función del organismo y al igual que Giacomone, hizo hincapié en decisiones tomadas para transparentar la información.
“De un tiempo a esta parte la Fiscalía de Estado tiene publicados cada uno de sus dictámenes para que la población general pueda leerlos y entender sobre qué estamos dictaminando, cuáles son los temas que llegan a la Fiscalía, quiénes son las autoridades que dictaminan porque también creo que es importante para el ciudadano conocer quién está a cargo de cada organismo y cuál es su recorrido; eso también hace a la transparencia de la Administración pública”, consideró.
El funcionario detalló que en la página web del organismo (fiscalía.chubut.gov.ar) pueden leerse 358 de esos documentos, 58 de los cuales fueron emitidos en lo que va del año.
Luego, hizo un repaso sobre casos que en la actualidad el organismo es parte y que, dijo, muestran a las claras cuál es su rol en defensa del patrimonio del Estado.
“El más conocido por ustedes seguramente es el caso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial donde Fiscalía intervino con una medida autosatisfactiva -es aquella que permite tener una resolución rápida- en el fuero federal de Rawson. Lo hizo cuando el gobierno nacional resolvió tomar parte de la coparticipación que le correspondía a la provincia, en clara afectación de su patrimonio. Otro caso es la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el ataque al dominio originario de los recursos naturales de Chubut por parte del Estado nacional que intenta renegociar de forma unilateral las concesiones hidroeléctricas que vencen en 2025 sin darle participación a la provincia “, contó.