Fiscalía de Estado participó de una jornada sobre Transparencia, Control y Modernización

El organismo estuvo representado por el Fiscal Adjunto, Javier Stampone, quien durante su exposición precisó la función del organismo de control. Lo acompañaron en el panel los representantes del Tribunal de Cuentas y de la Oficina Anticorrupción.

El vicegobernador Ricardo Sastre, acompañó la apertura oficial del encuentro.

El Fiscal Adjunto de Fiscalía de Estado, Javier Stampone, participó hoy, viernes 16 de junio, de la 1era Jornada Transparencia, Control y Modernización del Estado:  el desafío de controlar sin paralizar la gestión pública, que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Puerto Madryn.

La actividad fue organizada por la Oficina Anticorrupción de la provincia y contó con la colaboración de la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado del Chubut (EAAE), la Universidad y de la Asociación de Personal de los Organismos de Control.

Stampone, formó parte del panel integrado por Tomás Maza, titular del Tribunal de Cuentas y por Diego Carmona, Fiscal Anticorrupción, que tuvo como eje para su desarrollo abordar la función de cada uno de esos organismos de control y los desafíos pendientes para fortalecer su funcionamiento.

Tras recordar al auditorio que  la función de la Fiscalía de Estado es controlar la legalidad de los actos de la Administración provincial, además de representar al Estado en juicio, de manera didáctica explicó que el organismo ejerce un control del tipo horizontal, porque no existe dependencia jerárquica entre el Fiscal de Estado y el Poder Ejecutivo, dijo.

“La regulación de nuestra Constitución provincial marca que los órganos de control están por fuera de la regulación de los tres poderes del Estado, esto hace que funcionen cómo órganos extra-poder aunque no lo cite expresamente”, señaló.

Respecto de qué comprende el control de legalidad y hasta dónde puede llegar, sostuvo que una referencia la da la Procuración del Tesoro de la Nación y citó por caso que un abogado no puede basar su opinión en elementos que se encuentren fuera del expediente administrativo, como tampoco pueden ser objeto de opinión jurídica los aspectos técnicos.

“El asesor legal tampoco puede cuestionar los aspectos económicos, es decir, si es caro o barato. Ni los aspectos políticos, ni las razones de conveniencia y la discrecionalidad”, detalló.

“El Estado sólo puede hacer lo que la ley le dice que haga, por eso todas las actividades del Estado tienen que estar sujetas al ordenamiento jurídico y a un control de legalidad. Ahora, ¿qué pasaría si cada paso que toma la administración a diario, contrataciones, subsidios, designación de personal, entre otras, no sólo fuera controlado en su legitimidad, legalidad, sino también en los aspectos técnicos? Si lo cuestionara e investigara, tanto en los aspectos económicos, políticos, ¿qué pasaría? Se paralizaría la función pública y el perjuicio que se generaría sería mayor a los que persigue evitar”, razonó.

AGILIZAR LOS PROCESOS

En tal sentido, el Fiscal Anticorrupción, Diego Carmona, sostuvo que el encuentro pretende ser el disparador para que, desde los distintos organismos de contralor, se trabaje en una misma línea a fin de no ralentizar la función que debe prestar el Estado.

«El gran desafío es ver cómo se moderniza al Estado, cómo se controla sin paralizarlo porque también es cierto que si se generan un sinnúmero de mecanismos de control lo que termina pasando es que el Estado es paralizado y ni hablar en momentos como el actual, de alta inflación, en donde cada día que perdemos en la gestión estatal es un día que también se perjudica el patrimonio”, dijo.

“Por ejemplo si tengo $ 100 millones para gastar en una contratación o adquirir algún bien de capital, por poner un ejemplo, a medida que se rerasa el procedimiento, por la cantidad de pasos que se dan, el dinero pierde su poder adquisitivo y eso perjudica al Estado que no puede comprar aquello que pretendía  con el proceso”, explicó.

«Es vital trabajar en conjunto para promover cambios en las estructuras de control y sobre todo en los procedimientos, que no detengan al Estado. Imprimir agilidad es central», razonó.