Con la aprobación de la Ley de Fiscalía, Chubut incorpora una nueva modalidad para la resolución de juicios

El proyecto que había sido presentado por el gobernador Mariano Arcioni, crea la Comisión de Transacciones Judiciales, que sigue un modelo que aplican distintas provincias, en donde intervienen no solo funcionarios del Ejecutivo sino diputados de la oposición.

La Legislatura del Chubut aprobó el jueves último el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial para modificar la Ley de Fiscalía, que regula su funcionamiento y atribuciones, y que una vez que quede promulgada le conferirá al organismo de contralor herramientas que hacen a la transparencia y celeridad para la resolución de conflictos como también un nuevo marco legal, entre los cambios más trascendentes.

Los legisladores dieron su consentimiento para introducir modificaciones sustanciales a la Ley V Nº 96, ya sea en la redacción de ocho artículos como con la incorporación de otros 15. “La aprobación de esta reforma era imprescindible para Fiscalía de Estado, ya que optimizará su funcionamiento; es muy positivo que a instancias del proyecto enviado por el Gobernador Arcioni, los legisladores hayan dado su acompañamiento”, dijo el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

Entre los nuevos artículos que se incorporaron está el Nº 23, que determina la creación de la Comisión de Transacciones Judiciales, vinculada con la resolución de controversias, que funcionará en la órbita de la Legislatura y que tendrá como función dictaminar y alcanzar puntos de encuentro entre la defensa de los intereses patrimoniales del estado y los derechos de los administrados.

La comisión estará integrada por el Fiscal de Estado, el ministro de Economía, el Asesor General de Gobierno, un representante del organismo que inició el planteo y tres legisladores (uno por la mayoría y dos por la minoría).

Esta propuesta surgió, según explicó en su momento Fiscal de Estado a los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, tras analizar la experiencia de otros estados provinciales, como es el caso de Río Negro, que implementaron esa mecánica que les permitió un cauce administrativo fluido frente a los reclamos patrimoniales efectuados por particulares, ya que no solo interviene en la decisión final el Fiscal de Estado y los representantes del Poder Ejecutivo, sino también integrantes del Legislativo.

Incorporar más voces

“Cuando redactamos el proyecto entendimos que la conformación de una comisión era el instrumento para democratizar la toma de ciertas decisiones en temas económicamente sensibles para la provincia. En las primeras reuniones que tuvimos cuando comenzamos a bosquejar el anteproyecto, una de las discusiones estuvo sentada en la potestad casi exclusiva del fiscal en las transacciones judiciales, que invita a suspicacias, por eso entendimos que es vital cambiarlo”, señaló Giacomone.

El fiscal adjunto, Javier Stampone, agregó que la conformación de la comisión, además de sumar nuevas voces para la toma de decisiones, acelerará los tiempos. “Muchas veces para evitar procesos que se extienden durante años, hasta décadas, lo mejor es hacer conciliaciones entre las partes, que permiten ponerle fin a un proceso y a una discusión judicial; eso en algún punto es lo que se busca evitar: procesos largos pero dentro de un marco de transparencia”, señaló.

Archivar juicios antieconómicos

Por otra parte, en la modificación del artículo 13, se incorpora la facultad del Fiscal de Estado de disponer que no se inicien juicios cuando el monto del capital a demandar no supere un monto mínimo que se estableció en 15 JUS (la unidad de medida arancelaria que se utiliza en el área del derecho). Con esta incorporación, se busca evitar plantear reclamos económicos por montos bajos, que resultan antieconómicos y perjudiciales a los intereses patrimoniales del Estado.

Otra definición que plantea la ley aprobada, tiene que ver con que el Fiscal de Estado Adjunto como subrogante legal del Fiscal de Estado, desempeñará sus funciones de manera automática en caso de vacancia, ausencia, licencia, recusación o excusación.

En los fundamentos para solicitar este cambio el Ejecutivo sostuvo que “exigir que todos los subrogantes del Fiscal de Estado cuenten con acuerdo legislativo, ha puesto seriamente en riesgo la asunción transitoria de las competencias del Fiscal de Estado tras producirse sucesivas vacancias en los cargos”. De este modo, se estableció el orden de subrogancias que incluye ahora a profesionales de mayor jerarquía y antigüedad en la planta permanente, evitando de ese modo caer en acefalía.