Por María Giselle Castro / EAAE

Schiavone: “El sistema universitario atraviesa el momento más crítico de su historia”

El vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco analizó el presente de la institución que, pese al recorte presupuestario, genera nuevas ofertas de posgrado. Además, resaltó la importancia de programas que vinculan la formación académica con la comunidad.

Con más de tres décadas de trayectoria, y luego de atravesar etapas que marcaron un giro en su rumbo, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se muestra hoy fortalecida, con mayor madurez institucional y como un espacio de referencia para la comunidad. Son 2.500 los estudiantes regulares que la eligen año a año en la búsqueda de un puente hacia su desarrollo profesional y crecimiento personal.

Con presencia en cuatro ciudades —Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Trelew—, la Facultad ofrece carreras de grado y posgrado, acompañada por un cuerpo docente cercano a los 400 profesores, responsables de formar a muchos de quienes luego se desempeñarán en los distintos poderes del Estado.

“Sí, la Facultad maduró, atravesó dificultades y las superó. Hoy no me equivoco al decir que la mejora y el crecimiento alcanzados son motivo de orgullo para la Universidad Nacional de la Patagonia. No solo por su vinculación con el Consejo Interuniversitario Nacional y por haber tenido la oportunidad de presidir el Consejo de Decanas y Decanos de Universidades de Derecho, sino también porque logramos crear nuevas carreras de grado”, sostuvo Francisco Schiavone, vicedecano de la institución. Schiavone expresó satisfacción por el presente de la facultad que conduce junto al decano Gustavo Fleitas, aunque mostró preocupación por el impacto del recorte presupuestario dispuesto por el gobierno nacional. En diálogo con Isegoría repasó los logros alcanzados, señaló los desafíos que plantea la coyuntura política para la educación universitaria nacional y no esquivó la respuesta cuando se le pidió una autocrítica sobre los cuatro años de gestión que está por completar.

«Nos falta más conciencia para defender a la universidad pública.»

–Con tres décadas de historia y tras atravesar etapas complejas, la Facultad se muestra hoy activa y vinculada con la comunidad. Sin embargo, el escenario actual no es sencillo para la educación pública universitaria. ¿Está en riesgo la continuidad de los servicios que ofrece?

-Vamos día a día. Lo vivimos de la misma manera que todas las instituciones públicas de la Argentina, atravesando una crisis sin precedentes. El sistema universitario nacional enfrenta hoy el momento más crítico de su historia. Nosotros, como parte de la educación superior, tenemos grandes hitos y etapas que hicieron crecer y engrandecer a la universidad pública. Pero estos tiempos son la contracara de aquellos en los que se apostaba a la profesionalización, a la posibilidad de que los hijos de familias trabajadoras accedieran a la educación. En términos concretos, solo dar un ejemplo, los trabajadores del Estado que se desempeñan en la universidad pública perdieron alrededor del 50% de su poder adquisitivo en el último año.

–Un contexto complejo para gestionar…

-Extremadamente. El desfasaje inflacionario es atroz y repercute en servicios esenciales, como el comedor universitario que es gestionado por el área de Bienestar Universitario, área que no tuvo modificaciones en su presupuesto y eso ocasionó un perjuicio en varias de las sedes, donde dejó de brindar la cena. Antes funcionaba en dos turnos y por falta de presupuesto, en la actualidad solo funciona al mediodía. Es un tema que nos preocupa y que seguimos tratando de revertir.

Nosotros ponemos todo el optimismo y el compromiso en lo que hacemos, pero resulta muy difícil cuando hay un gobierno que desconoce, e incluso busca desvalorizar, lo público y la formación universitaria estatal. Esa ley que en junio volvió a ser acompañada por Diputados, tras rechazar el veto presidencial, viene a darle previsibilidad y garantía de financiamiento a las universidades y sobre todas las cosas, en una situación inflacionaria constante donde los presupuestos quedan desactualizados. Somos muy positivos en creer que, con el gran acompañamiento de la ciudadanía, finalmente se reglamentará. Desde 2023 las universidades públicas no tuvimos presupuesto aprobado por el Congreso y eso provoca que estemos desde entonces reconduciendo presupuestos. Este es el tercer año que debemos hacerlo, con lo cual el desfase es total.

–¿Tuvieron que hacer recortes en las carreras de grado?

-No. La sostenemos con mucho esfuerzo, pero en ningún momento se evaluó cerrar carreras. En grado no solo dictamos Derecho —en las cuatro sedes— sino que también ofrecemos la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor (en Esquel y Puerto Madryn), la Licenciatura en Criminalística (Puerto Madryn) y la Tecnicatura Universitaria en Procuración y Asistencia Jurídica (Esquel). En cuanto al posgrado, en los últimos años hemos tenido un gran desarrollo, gracias a convenios con distintas instituciones del Estado provincial, organismos sindicales como APOC y entidades del sector público y privado, que aportaron diversidad y fortalecieron el interés de las propuestas.

–¿Cómo definen la oferta de posgrado para que sean propuestas sostenibles y demandadas?

-Estamos muy atentos a las necesidades que surgen en la provincia. El vínculo permanente con diferentes instituciones nos permite contar con información precisa sobre cuáles son las demandas de formación y, a partir de allí, diseñamos la oferta académica. Incluso el avance de proyectos legislativos suele marcar necesidades de profesionalización, como ocurrió con la ley que creó el fuero Contencioso Administrativo. Actualmente contamos con posgrados en Derecho Penal, la Especialización y la Maestría en Derecho Administrativo y hace pocas semanas aprobamos la Especialización en Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia. Además, trabajamos en nuevas especializaciones en Derecho Laboral y Derecho Previsional, que pronto anunciaremos.

Nuestro desafío es profundizar la propuesta de posgrado y posicionar a Trelew, a la Facultad de Ciencias Jurídicas —la más austral del mundo— y a la Universidad Nacional de la Patagonia como un centro de formación de referencia en América Latina. Gracias a las herramientas digitales y a las normativas que hoy permiten actividades híbridas, es posible que profesionales de toda la región accedan a la formación de calidad que brinda la universidad pública. El posgrado es, sin duda, una de las banderas de la Facultad. Un ejemplo es la tercera cohorte de la Maestría en Derecho Administrativo: varios de sus egresados participaron en estos días en concursos para integrar los juzgados contencioso-administrativos. De ese modo, la Facultad cumple con su objetivo de profesionalizar y acompañar a quienes se insertan en ámbitos de responsabilidad dentro de las distintas competencias profesionales.

–Durante el primer semestre de este año, el Índice de Confianza en la Justicia elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella fue de 50,1. La mitad confía y la otra mitad la sigue viendo lejana, incomprensible, lenta. ¿Esta distancia que percibe la ciudadanía puede explicar el programa de Acceso a la Justicia que lleva adelante la Facultad?

-Sí, en cierta manera. Lo creamos y desarrollamos hace tres años y de algún modo es la carta extensionista o la relación con la comunidad; nos relacionamos no solo con nuestros estudiantes sino también con organizaciones civiles, barriales, con los distintos actores. El programa consta de una clínica jurídica, por un lado y un consultorio jurídico, por el otro. Este consultorio jurídico, que es gratuito, cumple un rol muy importante con un subprograma que es el de orientadores jurídicos y promotores del Derecho. Participan estudiantes, graduados y docentes que se dividen en distintas áreas temáticas y visitan los diversos barrios de la ciudad y de localidades del Valle para promocionar derechos y orientar a los ciudadanos sobre dónde y cómo pueden canalizar sus trámites o problemáticas para llegar al sistema.

–Es sabido las dificultades que rodean al ciudadano para tener una respuesta que busca del Estado, del poder que sea, muchas veces por propio desconocimiento…

–Sí, tenemos un alto porcentaje de nuestra sociedad que está al margen del ordenamiento jurídico, del conocimiento de derechos; nosotros que estamos tan metidos en el tema creemos que la sociedad lo conoce, pero no es así. Con solo hacer un par de cuadras del centro de la ciudad uno se encuentra con personas que no tienen la más mínima idea de a dónde y cómo puede recurrir ante un problema que afecte sus derechos. Tampoco nuestra sociedad tiene conocimiento de que los colegios de abogados, por ley, tienen un consultorio jurídico para atender a particulares. Nos pasó también con la Defensoría Pública, que está sobrepasada de reclamos porque el contexto económico agravó la situación y la suba de la canasta básica disparó de manera exponencial la demanda de atención.

–¿Cómo es eso?

-La canasta básica se utiliza como punto de parámetro para que la ciudadanía pueda acceder al asesoramiento gratuito o te lleven el caso desde la Defensoría Pública siempre y cuando cobres menos de la canasta básica. Ahora, como el precio de la canasta está mucho más alto que los salarios, desde el vamos hay cientos de personas que necesitan el asesoramiento porque cumplen con los requisitos de la Defensoría, entonces se abarrota de personas. Y ahí surgen necesidades y derechos que no son ejercidos. El sistema necesita que hagamos una fuerte autocrítica y no mirar para el costado; desde la Facultad de Ciencias Jurídicas en eso estamos. Este programa forma parte de nuestra colaboración.

–¿Cuál es la realidad del programa en la práctica?

-Comenzó a funcionar en 2022 y es muy utilizado por los vecinos; tanto, que debemos aclarar muchas veces que no somos una oficina pública del Estado y no podemos dar la respuesta que necesitan. Generamos los encuentros con una agenda propia, nuestra, porque si no venían las personas a la universidad de manera espontánea y era imposible atenderlas; para que sea organizado, acordamos con vecinales días de visita y hoy es una propuesta que está muy activa. Tenemos agendas cuatrimestrales donde vamos a los diversos barrios. Ahora firmamos un convenio con el Concejo Deliberante de Rawson para definir los lugares de nuestros próximos encuentros.

Los vecinos hacen preguntas, los estudiantes responden y entonces ahí hay una ida y vuelta fundamental para las dos partes. Desarrollamos nichos temáticos como defensa del consumidor, derecho laboral, violencia de género, derecho de familia, jubilaciones, que son las preocupaciones más inmediatas de los vecinos, que siempre plantean. Nos pasa con defensa del consumidor: la gente no sabe que puede ir a la oficina de Defensa del Consumidor y tramitar su reclamo.

El programa es muy rico porque en diversas actividades articula con los distintos actores de la abogacía. Ahora estamos proyectando actividades con la inclusión del ejercicio profesional de aquellos jóvenes abogados que necesitan de las primeras herramientas para actuar en terreno porque la universidad nos conceptualiza, pero después en acción la realidad es diferente y entonces el andar es fundamental.

-En ese sentido también tienen activo un sistema de pasantías, ¿qué análisis hace sobre su implementación?

-La ley nacional de pasantías nos dio una herramienta muy valiosa para poder articular las prácticas profesionalizantes de los estudiantes y que tengan la posibilidad de hacer carrera en los distintos ámbitos en lo que puede ejercerse la profesión. Tenemos pasantías vigentes con organismos del Estado, ya sea en el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo; también en organismos privados, y en estudios jurídicos que contratan pasantes para hacer sus prácticas. Allí obtienen un aprendizaje concreto, diario y constante de lo que es el ejercicio de la profesión; qué mejor que un estudio jurídico para poder litigar. Después, en los distintos organismos de la provincia, los municipios, en la Defensoría, en el Ministerio Público Fiscal, en la judicatura, se trabaja siempre en poder darle un recurso con proyección que le genere al futuro profesional una práctica para que cuando se reciba ya conozca un poco el funcionamiento del sistema, la realidad. En total tenemos, entre las cinco sedes, 200 pasantías activas. Tienen una duración total de un año y medio.

–La carrera de Abogacía tiene la alternativa de poder cursarse libre, ¿no se relega el aprendizaje que se obtiene del diálogo y la discusión argumentada, por ejemplo?

-La propuesta académica es igual tanto para quien cursa libre como quien asiste a clases. Pero el estudiante libre está obligado a realizar las cuatro prácticas profesionales con cursada presencial, que corresponden a cuarto y quinto año. Quienes cursan de manera libre lo hacen porque por cuestiones laborales, de distancia o familiares no pueden estar todos los días desde las 14 y hasta las 20 en el aula. También, en ese caso, son adultos que quieren saldar deudas, cumplir sueños y lo hacen en tiempo y forma, con una dedicación notable. Muchos de ellos tienen un plus: vocabulario, oralidad, la experiencia de vida, el conocimiento adquirido, habilidades propias aprendidas con el tiempo que los jóvenes, después de la pandemia y de cinco años de no haber tenido clases presenciales, no cuentan. Hoy, un 70% cursa presencial y el 30% restante, libre.

–¿Hubo modificaciones importantes en la matrícula de Abogacía?

-La matrícula se mantiene estable; hoy tenemos 2.500 alumnos regulares entre las cuatro sedes. Sí hemos notado un incremento en las intenciones de muchas familias que por el fuerte crecimiento de costos y la falta de previsibilidad se ven impedidos de mandar a sus hijos a estudiar afuera de la provincia y vuelven a mirar a la universidad local.

«El posgrado es una de las banderas de la Facultad; queremos posicionar a la Patagonia como un centro de referencia en América Latina.»

-Está por finalizar su mandato como vicedecano, ¿puede hacer una autocrítica de este tiempo?

-Desde lo académico, si bien sé que quedan cosas por hacer, la Facultad de Ciencias Jurídicas dio pasos importantes, como la ampliación de su oferta académica de la que hemos conversado. También apostamos a la jerarquización de nuestro cuerpo docente y puedo decir con orgullo que 56 docentes integramos la primera cohorte del Doctorado en Derecho, que brinda la Universidad de Lomas de Zamora. A eso se suma que muchos de nuestros docentes, forman parte del cuerpo de profesores de maestrías y especializaciones. Y no puedo dejar de destacarlo. Ahora bien, como autocrítica creo que no hemos logrado el acompañamiento deseado en defensa de la universidad pública. Como habitantes del interior del país y reconociendo el valor que esta casa de estudios tiene para muchos habitantes de pequeñas localidades de la provincia, considero que nos falta tomar un poco más de conciencia del rol central que tiene, y defenderla. Creo que pasa, en cierta forma, por la composición propia de nuestro perfil profesional, donde la gran mayoría de los profesores integran el Poder Judicial. Creo entonces que debemos, en ese sentido, llamar a la reflexión.