Por María Giselle Castro / EAAE

Astarloa: “Nadie transforma nada en soledad”

Liderazgo, trabajo en equipo y cómo debe ser la formación de abogados del Estado según la mirada de un profesional con basto recorrido en la faz privada, pública y que hoy conduce la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Durante más de veinte años construyó una carrera sólida en el ejercicio privado del Derecho. Sin embargo, hubo un momento en el que ese recorrido —exitoso y consolidado— dejó de ser suficiente. Entonces decidió dar el salto al Estado, un ámbito que siempre lo había convocado y en el que encontró, según sus propias palabras, los años más felices de su vida profesional.

A los 22 años se recibió de licenciado en Ciencias Políticas y, a los 25, de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Ejerció con exclusividad en la actividad privada en estudios y entidades de primera línea, como Allende & Brea, Citibank y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, sin abandonar nunca la docencia en la Universidad Católica Argentina.

Esa trayectoria fue el punto de apoyo para asumir distintos roles en el sector público. Entre 2015 y 2023 se desempeñó como Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una etapa que hoy destaca como central en su recorrido profesional.

En la actualidad, el compromiso con lo público continúa desde el ámbito académico. Desde hace un año es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que cuenta con alrededor de 500 estudiantes de grado y una oferta de posgrado de similar magnitud, integrada por doctorado, maestrías y diplomaturas, entre otras propuestas.

En una calurosa mañana de noviembre recibió a ISEGORÍA en la sede de la calle Cerrito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para continuar la charla iniciada en septiembre cuando estuvo en Rawson para participar como disertante, en la Legislatura provincial, en la 1.ª Jornadas Anuales de la Asociación de Derecho Administrativo del Chubut (ADACH).

-En Rawson, usted basó su exposición en la experiencia que le dejó su cargo como Procurador. ¿Cómo vivió ese salto al sector público?

-No fue sencillo. La política no es un lecho de rosas, es un ámbito exigente, azaroso, complejo. Yo ya tenía familia, hijos, vivía de mi trabajo y me iba bien. Pero sentía que tenía un pendiente vital. Y decidí asumirlo.

Ingresé al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como asesor de la Jefatura de Gabinete y luego ocupé mi primer cargo de gestión: Director General de Concesiones. Fue una experiencia muy desafiante, porque las concesiones suelen ser áreas sensibles, donde no siempre la transparencia está garantizada. Yo asumí ese rol con una convicción muy clara: todas las decisiones debían estar alineadas con el interés público.

Y eso se pudo hacer porque también hubo algo muy importante: libertad para decidir. Nunca recibí presiones para cambiar una decisión por conveniencia política o sectorial. Eso me marcó profundamente.

-¿Qué aprendizajes de esa etapa puede resaltar para quienes trabajan en el Estado?

-El primero es que sin convicciones y sin valores no hay buena gestión pública. Pero las convicciones solas no alcanzan: hay que formar equipos. Los liderazgos solitarios no funcionan. Nadie transforma nada en soledad.

El segundo aprendizaje es el trato. La política y la gestión pública son, ante todo, naturaleza humana en acción. Trabajar con personas exige respeto, empatía, buenas formas. Aun en el disenso. No hay ninguna razón para perder la cordialidad.

En la Procuración General de la Ciudad, por ejemplo, definimos cinco valores: integridad, profesionalidad, trabajo en equipo, compromiso y cordialidad. La cordialidad no es un adorno: es una herramienta de gestión.

-¿Qué significó para usted la etapa de ocho años como Procurador General?

-Fue la etapa más feliz de mi vida profesional. Porque ahí logré unir mis dos vocaciones: el Derecho y lo público. Yo amé el ejercicio privado de la abogacía, pero mi plenitud vocacional la encontré en la función pública, especialmente en la Procuración.

Fue una etapa exigente, atravesada por la pandemia, por conflictos institucionales muy fuertes con el Estado nacional, por causas de enorme trascendencia institucional. Pero también fue una experiencia profundamente formativa. 

–¿Cómo define el rol del abogado del Estado?

-El abogado del Estado no puede ser un mero espectador. No puede limitarse a decir “no me mandes el expediente” o “hacé lo que quieras”. Eso es una forma de claudicación.

Si uno sabe que una decisión va a tener consecuencias jurídicas y afecta el interés público, tiene la responsabilidad de involucrarse. Aunque no firme. Aunque incomode. El abogado del Estado tiene que ser un protagonista activo en la toma de decisiones, no un sello formal.

-¿Y qué características debería tener un buen líder en un equipo jurídico del Estado?

-Yo diría que hay tres condiciones básicas. La primera es conocimiento y convicciones éticas. Quien lidera tiene que entender de qué se trata el tema que conduce. No necesariamente saberlo todo, pero sí tener una visión de conjunto, criterio jurídico y una brújula ética clara. En un país como la Argentina, si no hay convicciones fuertes orientadas al bien común, la corriente te arrastra. Siempre digo que gobernar o gestionar en la Argentina es como remar contra la corriente. Si dejás de remar, retrocedés.

Liderar no es administrar desde lejos. Es dedicar tiempo, energía, presencia. No se lidera “de taquito”. Se lidera con pasión. Porque se lideran personas, no expedientes.

La segunda condición es el compromiso. Liderar no es administrar desde lejos. Es dedicar tiempo, energía, presencia. No se lidera “de taquito”. Se lidera con pasión. Porque se lideran personas, no expedientes.

Y la tercera condición es el trato humano. La cordialidad, la escucha, la empatía. Entender que quien trabaja con uno es una persona, con problemas, con familia, con contextos complejos. El buen líder es querido por su gente. Si no lo es, algo está fallando.

-¿Cómo se construye en el Estado un equipo jurídico expeditivo y resolutivo?

-Escuchando. La abogacía es una profesión liberal por naturaleza. Obligar a un abogado a pensar como otro empobrece el trabajo jurídico. En la Procuración yo decía siempre: “en lo sustancial, somos pares”. La opinión de un abogado joven puede ser tan valiosa —o más— que la de alguien con treinta años de experiencia. El debate jurídico enriquece las decisiones. Después, claro, alguien tiene que decidir. Pero decidir habiendo escuchado todas las miradas mejora enormemente la calidad institucional.

-Cuando nos visitó en Chubut, usted propuso pensar la responsabilidad del Estado desde una perspectiva preventiva y pedagógica. ¿Podría profundizar esa idea?

–Es tradición que la responsabilidad del Estado se analice desde el conflicto judicial, cuando el daño ya ocurrió. Por eso hablé de correr ese eje y pensarla desde antes, desde el interior del propio Estado. La prevención supone trabajar sobre las conductas, las actitudes y las decisiones cotidianas de los funcionarios y agentes estatales, y en ese esquema el abogado del Estado cumple un rol central. Prevenir responsabilidad es, en definitiva, una forma más profunda y eficiente de defender el interés público.

-Recuerdo que mencionó al sector de la salud, como uno en los que desde la Procuración se focalizó el trabajo preventivo…

-Así es; nuestra experiencia demostró que muchas demandas surgen del quiebre en la relación entre el Estado y el ciudadano. Cuando no hay respuestas, cuando el Estado se esconde o no asume responsabilidades, el conflicto termina judicializándose. La prevención pasa por mejorar los procedimientos, fortalecer la comunicación y asumir responsabilidades cuando corresponda.

-En esa línea, ¿cuál considera que es el rol específico del abogado del Estado en la prevención de la responsabilidad estatal?

–El abogado del Estado no es solo quien representa al Estado en juicio. Su función abarca el asesoramiento preventivo, el control de legalidad, la intervención en sumarios y la detección temprana de riesgos jurídicos. Cuando el abogado logra anticipar problemas, advertir desvíos y proponer soluciones jurídicas adecuadas, está evitando conflictos futuros y contribuyendo a un mejor funcionamiento de la Administración.

El abogado estatal presta un servicio, pero con una responsabilidad distinta a la del ejercicio privado. No controla desde lejos: acompaña, asesora y contribuye a que el Estado actúe mejor.

El abogado del Estado debe “poner las narices en todos lados”, involucrarse en los procesos relevantes y advertir riesgos aun cuando no exista una exigencia formal de intervención. La función preventiva es sustancial, no meramente formal. Mirar para otro lado es renunciar a esa responsabilidad.

Más allá de lo que digan los tribunales, los funcionarios y los abogados del Estado también debemos guiarnos por el tribunal de la propia conciencia. Hacer las cosas bien, con responsabilidad, eficiencia y sensibilidad, es la mejor manera de prevenir daños y fortalecer al Estado.

-Comentó en su exposición que el cuerpo de abogados de la Procuración rondaba los 600 profesionales del Derecho. ¿Qué valores deberían guiar la actuación del abogado del Estado?

-Independencia funcional, criterio jurídico, cercanía con la gestión, buena fe, diligencia y compromiso con el interés público. El abogado estatal presta un servicio, pero con una responsabilidad distinta a la del ejercicio privado. No controla desde lejos: acompaña, asesora y contribuye a que el Estado actúe mejor.

-Le pido que complete la siguiente frase. Ser abogado del Estado significa…

-…un honor y una responsabilidad enorme. Se ejerce con conocimiento, con compromiso y con humanidad. Y aun en contextos difíciles, siempre vale la pena hacer lo correcto.

SOBRE EL ENTREVISTADO

Graduado como Licenciado en Ciencias Políticas (UCA, diciembre 1982) y Abogado (UBA, diciembre 1985). Mediador (Universidad Austral, junio 1998). Especialista en Organizaciones sin fines de lucro (UTDT/San Andrés, agosto 2009). Durante 25 años se desempeñó como abogado en la actividad privada, siendo asociado del Estudio Allende & Brea (1985/1991), integrante del área y Gerente de Legales de Citibank N.A (1992/1998) y finalmente socio del Estudio Jurídico Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Desarrolló funciones en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue Director General de Concesiones del Gobierno de la CABA (2013/2015). Desde 2015 y hasta 2023 fue el Procurador General de la Ciudad. Fue designado Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para el período 2025/2027, cargo que desempeña en la actualidad. Desde hace más de 40 años ha ejercido la docencia universitaria de manera ininterrumpida, principalmente en la Pontificia Universidad Católica Argentina, y también en la Universidad de Buenos Aires.