Marcelo Schreginger
Por Macarena Sucunza / EAAE
Schreginger: “Es esencial promover un adecuado conocimiento del régimen disciplinario”
El profesional, integrante de la Escuela del Cuerpo de Abogados de la Nación, que depende de la Procuración Nacional del Tesoro es el responsable, junto con Ignacio Rigone, del curso de actualización sobre Régimen disciplinario y sumarios, que está en marcha, para quienes formen parte de organismos públicos provinciales.
De la mano de la Escuela del Cuerpo de Abogados de la Nación (ECAE), la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado del Chubut realizó el primer encuentro de la propuesta de actualización profesional sobre Régimen disciplinario y sumarios, que estuvo a cargo de Marcelo Schreginger, juez en la Cámara de Apelación de San Nicolás y especialista en derecho administrativo.
“Un adecuado conocimiento del régimen disciplinario por parte de las áreas legales de los distintas entidades estatales, con la diversidad que supone la organización política federal de nuestro país y el carácter local del derecho administrativo, resulta esencial para procurar el mejor cumplimiento de los cometidos atribuidos y un desempeño adecuado de la organización administrativa del Estado”, dijo tras la primera de las dos reuniones que tendrá con profesionales chubutenses.
En tal sentido, instó a conocer no solo el régimen normativo vigente en cada lugar, sino también los principios que lo rigen y los criterios jurisprudenciales de los organismos judiciales competentes.
–¿Cuál es el impacto que tiene en el funcionamiento del Estado los errores en la implementación de los procesos?
El procedimiento disciplinario es el mecanismo que debe impulsar la autoridad administrativa para constatar el incumplimiento de un deber o una prohibición normativa impuesta al agente público pero, para ello, debe garantizar su derecho de defensa, lo que supone un adecuado conocimiento del auto de imputación (los hechos que se le atribuyen, las pruebas recolectadas en la investigación, la vinculación con una falta individualizada), la posibilidad de realizar su descargo, ofrecer y producir prueba, obtener una decisión fundada, contar con una instancia recursiva administrativa y acceso judicial suficiente y eficaz.
Es la herramienta con la que cuenta la administración pública para investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar a los agentes en caso de la comisión de faltas ante el incumplimiento de los deberes y prohibiciones previstos normativamente, lo que implica, por un lado, que sea un instrumento fundamental para el correcto desempeño de la organización administrativa pero, por el otro, debe prever y respetar las instancias necesarias que garanticen la protección de los derechos de los agentes públicos, lo que resulta de gran importancia, teniendo en cuenta las consecuencias que apareja la imposición de una sanción, tal el caso de las de carácter expulsivo (cesantía y exoneración).
– ¿Qué lecturas recomendaría para que puedan profundizar en la materia los profesionales que deseen hacerlo?
En los tratados clásicos de Derecho Administrativo se abordó el contrato o relación de empleo público (Vgr. Rafael Bielsa, Benjamín Villegas Basavilbaso, Bartolomé Fiorini, Miguel Marienhoff). Actualmente hay varias obras que tratan el empleo público en general o las leyes que regulan su régimen en alguna jurisdicción; tal el caso de los libros de Miriam Ivanega, Jorge Luis Bastons, Fernando García Pullés (Director), Viviana Bonpland, Marcelo Ugarte (Régimen de empleo público en la administración nacional) o el libro que hicimos en coautoría con el Pablo Octavio Cabral (El régimen de empleo público en la provincia de Buenos Aires).
–¿En qué otras áreas cree que sería propicio capacitar a los profesionales de las áreas legales del Estado?
El Estado al ejercer una función administrativa cumple cometidos serviciales, lo que supone la interacción con las personas a las que van dirigidas, esto requiere contar con herramientas que aseguren un cumplimiento eficaz y eficiente que además procure ponderar el trato y la satisfacción de aquellos; tal perspectiva requiere capacitación en herramientas de gestión.
Por otro lado, la pandemia permitió visibilizar la trascendencia de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) para llevar adelante los cometidos estatales, por lo que es necesario procurar su implementación en los circuitos y procedimientos estatales. Por lo tanto, una adecuada capacitación al personal administrativo para su conocimiento y utilización resultan esenciales.
La adopción de acciones positivas para lograr igualdad real de oportunidades para categorías vulnerables o vulneradas por estar en una situación de desventaja impulsó el dictado de diversas normativas destinadas a prevenir desigualdades, violencia o discriminación, reconocer o garantizar derechos. Una adecuada concientización, capacitación y difusión es necesaria en los distintos estamentos del Estado.
Es de destacar la regulada en la Ley VIII Nº 129, que dispone adherir la Provincia de Chubut a las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas de los tres poderes del Estado; además, esto supone adoptar una concepción amplia de género contemplando la diversidad. Asimismo, en este sentido se debe trabajar sobre la discapacidad, niños, pueblos originarios, ancianos o personas en situación de indigencia.
– Cómo miembro de la ECAE ¿qué valoración hace del acuerdo firmado entre Chubut y la Procuración del Tesoro?
El acuerdo permite el acceso a capacitación en una multiplicidad de áreas diversas que seguramente enriquecerán a las que de por sí puede ofrecer la Escuela de Abogadas y Abogados de la provincia de Chubut.
| SOBRE EL ENTREVISTADO | Nació en Mendoza, el 13 de julio de 1974. Cursó sus estudios de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), es especialista en Derecho Administrativo. Ocupó diversos cargos en la Dirección Provincial de Rentas, fue director de Cobro Prejudicial, representante suplente ante la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, representante alterno ante la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, fue juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Zárate-Campana. Actualmente es juez de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás. Es docente de la Especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), da clases en la cátedra de Derecho Administrativo “I” de la Universidad Nacional del Sur y docente de la ECAE Nación. Realizó publicaciones, participaciones en diversas obras colectivas, ponencias y disertaciones. Además, es coautor del libro “El régimen de Empleo Público en la Provincia de Buenos Aires” de Editorial Abeledo Perrot. |