Ignacio Rigone
Por MGC/MS
Rigone: “Detrás de cada expediente hay un ciudadano, una necesidad”
Invitado por la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado, el especialista en Derecho Administrativo brindó dos encuentros para profesionales de organismos públicos. Hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar los procesos para brindar una atención de calidad a las personas.
El abogado platense, especialista en Derecho Administrativo, Ignacio Rigone, visitó en septiembre último Chubut y en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew, mantuvo su primer encuentro con los participantes de la propuesta de actualización sobre Régimen disciplinario y Sumarios.
Luego, el 16 de diciembre último, brindó -esta vez de manera online- su segunda intervención, en un ida y vuelta con los participantes que aprovecharon muy bien el momento para presentar inquietudes que surgen en la dinámica diaria de los organismos públicos.
Rigone subrayó durante sus presentaciones que es de vital importancia poner la lupa en los problemas que ocurren en el funcionamiento de la Administración y aseguró que hay pautas que se pueden seguir para mejorar su funcionamiento y rendimiento.
El integrante del plantel docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), opinó respecto de cómo se puede evitar que sigan repitiéndose las falencias que se observan de manera habitual en el sector público, a fin de optimizar el sistema de atención al ciudadano.
¿Cuáles son los errores más comunes que observa?
Si nos ceñimos estrictamente a los procedimientos cotidianos, creo que habrá consenso en que uno de los grandes problemas tiene que ver con las notificaciones, porque siempre se cae en errores que ensucian un trámite que debería ser ágil.
En las notificaciones siempre ocurren errores como en fechas o en el mismo texto que se está notificando, ya que no se notifica íntegramente y eso permite una serie de planteos de nulidades de procedimiento ya que, al estar mal hecha, constituyó una violación al derecho de defensa y demás.
Por ese motivo, estoy convencido de que las notificaciones electrónicas van a servir para evitar un dispendio de recursos humanos y materiales y, además, serán efectivas.
Es un proceso de transformación siempre hay resistencia al cambio, eso debe tenerse presente. Pero después, a la larga, va a repercutir favorablemente en la buena administración de la cosa pública.
Eso por un lado; ahora bien, muchas veces, en vez de esperar y dejar que el tiempo pase discutiendo si estuvo bien o mal, es mucho más fácil por el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, volver a notificar. Resguarda el derecho de defensa del particular, del ciudadano o, en este caso, del sumariado, y da un buen cumplimiento al procedimiento administrativo.
¿Cómo se puede trabajar para evitar que sigan ocurriendo?
El primer paso para modificar esto es la capacitación. Después, como dicen los sistemas de gestión de calidad, la mejora es continua, siempre se va a poder mejorar. Cuando trabajaba como relator en la Asesoría General de Gobierno y nos certificamos con el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) fue durísimo, pero es un buen ejemplo para compartir.
Un dictamen tardaba el sueño de los justos pero, desde la certificación, nos decían que teníamos 10 días para emitir un dictamen (desde que entra el expediente hasta que lo firma el Asesor General de Gobierno). En ese momento, en mi oficina el documento estaba tres días, ¿eso es mucho o es poco? Depende.
Si llegaba un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Civil y Comercial tres días no son nada, pero si se trataba de una baja por fallecimiento tres días era (y es) un montón, porque tarda más el trámite burocrático administrativo de darle entrada al expediente que el trámite burocrático necesario para certificar que era agente público y que falleció. Y es inadmisible.
La cuestión es que, a partir del sistema de certificación, se vencían los expedientes y el sistema te lo avisaba. Entonces, te llamaba el director general de administración y te hacía notar que no estabas cumpliendo. Te decía: “Doctor, se le venció el expediente tal”. Entonces, como no querías que te levantaran en peso, no se vencían más los plazos.
Hay cosas que se pueden cambiar. Si mi oficina para lo único que sirve es para decir “pase a sus efectos” y no le pongo valor agregado hay que repensar un poco lo que mi oficina está haciendo.
Además, hay que ser razonable y tener instinto de supervivencia, porque si el día de mañana por los motivos que sean hay que hacer un reajuste, a la oficina que no sirve para nada, la suprimen.
Si hacemos las cosas mal ponemos en estado de indefensión al ciudadano. ¿La impericia, el precio de trabajar mal, tiene un costo?
Sí. Detrás de cada expediente hay un ciudadano, puede ser un sumario administrativo u otra cosa, hay una necesidad, no es circo. Entonces hay que buscar las formas de revalorizar el empleo público, para que la gente se sienta bien.
Somos servidores públicos, estamos al servicio. Todo tiene consecuencias, los aciertos y desaciertos también tienen consecuencias. ¿Los juicios quién los paga? Ahí está el tema de la responsabilidad del funcionario público.
Chubut tiene buena norma. Yo estoy en contra de la inflación normativa. Si tengo que hacer un reclamo en la Universidad Nacional de La Plata, tengo una norma nacional; salgo a la calle y a 20 metros hay una oficina provincial, es otra norma; en la vereda tengo otra norma, la de la Municipalidad de La Plata; cruzo la calle y estoy en la Municipalidad de Berisso. Todo esto en 100 metros. Imposible.
Además, dicen que no necesitas patrocinio letrado y te lo ponen tan técnico que es difícil. Nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Esto último implica que cada uno va a poder dictar su propia normativa. Entonces, es de buena práctica, de cara al ciudadano, invitar a adherir, tomar normas que sean similares.
Un mal endémico que cuesta combatir…
Hay muchas cosas que deben cambiar. ¿Cómo notifico en un edificio en Trelew y cómo notifico en el medio del campo? Hay que buscar pautas comunes y hacerlo fácil.
Por otro lado, en los juzgados nos encanta usar términos en latín y en algunas situaciones no me preocupa. Por ejemplo, la Ley de Quiebras que sea técnica no me preocupa porque los operadores son contadores y abogados. En cambio, la Ley de Procedimiento Administrativo la usa el vecino, el empleado que a veces no terminó el primario, que fue designado antes de que le exijan tener el colegio terminado, por lo que el lenguaje tiene que ser claro.
Terminológicamente, la Ley de Procedimiento Administrativo puede simplificarse. Un sumario administrativo por ahí se lo hacés a un ordenanza, que tal vez no sabe qué escribir, entonces lo pones en estado de indefensión no justificado. Hay muchas cosas que repensar y creo que lo estamos entendiendo.
| SOBRE EL ENTREVISTADO | Estudió abogacía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es profesor de Derecho Administrativo I en la Universidad Católica de la Plata (UCALP), de Derecho Administrativo II en la UNLP y de Derecho Administrativo en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). Además, es miembro de la Escuela de Abogados de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires, y docente de la Especialización en Abogacía del Estado en la UNLP y en la ECAE. Se desempeña como abogado Inspector de la Suprema Corte de Justicia -Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento- Procuración General y fue relator de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, desempeñando funciones como Relator Delegado ante el IOMA, Relator Jefe y Secretario Letrado. También fue Consejero Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJyS) de la UNLP, Consejero Superior de la mencionada Universidad y es autor de numerosas publicaciones y proyectos vinculados a la materia. |